Opinión

Sancionados por chambones

El 14 de Junio de 2016 será una fecha que quedará grabada en la memoria de los ciudadanos de Valledupar, espero no equivocarme. No es para menos, la Procuraduría General de la Nación destituyó en primera instancia a 15 de sus honorables concejales y al Contralor Municipal encargado de ejercer el control fiscal en la ciudad. Este tipo de decisiones no presenta antecedentes en Valledupar, pero constituye un bálsamo para el ejercicio de la actividad política.

No cabe duda que la sentencia de la Procuraduría aumenta la incredulidad de los ciudadanos en materia de procesos electorales, sin embargo, esta situación significa una nueva oportunidad en el quehacer de dignificar el ejercicio de la función pública y pone de presente que las actuaciones de las instituciones en el marco del principio de legalidad sin ningún tipo de sesgo o discriminación, favorece el propósito perentorio de construir nación y sociedad. En el mismo sentido, el  principio de legalidad en virtud del establecimiento constitucional, permite que los concejales y contralor procesados controviertan el fallo a través del recurso de apelación.

Renace la esperanza cada vez que toman posesión nuevos dirigentes políticos, supongo que esa fue la expectativa de la ciudadanía en Valledupar, jóvenes en la política deben revertir los defectos de esta actividad. Nuestro país requiere que su dirigencia actué de manera responsable y oportuna, con base en los principios de la función pública. En reiteradas ocasiones en esta tribuna he manifestado que para gobernar es necesario prepararse académicamente y forjar experiencia, asimismo, investigar, no nos las sabemos todas, y principalmente efectuar el ejercicio público con decoro dándole prioridad siempre a nuestras convicciones, principios y valores humanos.

Trabajar y cumplir la misión y fines del estado es una gran responsabilidad, los ciudadanos esperan que sus funcionarios atiendan sus requerimientos y necesidades, porque el liderazgo para gobernar requiere cualidades innatas, en aras de blindar la institucionalidad, a través  del ejercicio digno de la encomienda ciudadana, así debemos entenderlo, continuar la práctica deplorable de las victorias democráticas por el concurso del dinero o por el apoyo de dirigentes políticos para favorecer intereses de representatividad, terminan siendo contrarios de acuerdo con la autonomía y responsabilidad individual que brindan los cargos de elección popular.

De las instituciones siempre reclamo cumplimiento de sus funciones, es un derecho que me asiste como ciudadano, construir institucionalidad es primordial para el funcionamiento y organización de la sociedad. El resultado de la investigación realizada por la Procuraduría General de la Nación para el caso en referencia, es menester resaltarlo, lo hizo con lujo de detalles, los argumentos del material probatorio fueron presentados en observancia de la relevancia jurídica, aunque osados leguleyos pretendan desvirtuarlo. Enfatizo el pronunciamiento de la Procuraduría, pues se puso de moda deslegitimar los fallos judiciales con razones inverosímiles por presunta persecución política o  motivos ideológicos.

La falta disciplinaria gravísima a título de dolo, por supuestas irregularidades y conflicto de intereses en la elección del jefe del organismo de control fiscal del municipio, determinó la sanción e inhabilidad conocida por todos. Aunque en casos similares la segunda instancia disminuyó la sanción, debemos esperar la resolución de apelación, la cual en cualquier caso debe ajustarse al imperio de la ley.

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Luis Elquis Diaz

Maestrante Pensamiento Estratégico y Prospectiva/ Especialista Gestión para el Desarrollo Empresarial/ Administrador d Empresas/ Columnista del Portal Cultural SaborVallenato.

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