Poesía

¿Promulgar normas jurídicas sin legitimidad hace necesario un nuevo contrato social?

En un artículo anterior publicado en mi blog, hacía referencia a que el Estado colombiano con el tiempo ha ido perdiendo su coacción y coerción legítima, trayendo como consecuencia, el incumplimiento sistemático de normas jurídicas y procedimientos judiciales; una medida de respuesta a estos sucesos llevada a cabo por el Estado, en especial la rama legislativa estructurada en el Congreso de la República, es la continua creación de leyes tomando como fundamento no la solución de un problema, sino el impacto mediático que podría generar, y por lo tanto, la captación de votos para posteriores elecciones.

Actualmente, ha entrado en vigencia un nuevo Código de Policía Nacional y Convivencia, en el cual se estructuran nuevas multas o se incrementan las existentes, con el fin de “corregir y prevenir de forma oportuna los comportamientos que afectan la sana convivencia”; pero el Estado increíblemente todavía no se da cuenta, que ya las continuas sanciones no están influyendo en el comportamiento de las personas; la sociedad se le ha salido de las manos a los encargados de mantener la seguridad, ya sea por medio del uso de la fuerza pública o por medio de las normas jurídicas.

En Colombia, cuando surge un problema que mediáticamente sea vistoso, inmediatamente se inicia el debate de proyectos de ley para regular determinadas materias, entrando en una dinámica en donde hay que hacer una norma jurídica para cada problema; o si no las crean, las reforman a los meses de haber sido expedidas; de igual forma, si las personas no las cumplen se aumentan las penas, las multas, las cauciones, e incluso los impuestos. Pero esto no es un problema normativo, Colombia es un país que tiene muy buenas leyes, y unas excelentes Cortes que a pesar de sus errores, en un 90% interpretan de forma magistral la ley, adecuándolas a los problemas que no se encuentran de manera taxativa o que por el avanzar de los años, han surgido temas que en su momento no se pensaba que iban a existir.

El leitmotiv del asunto radica, en que las instituciones que conforman el Estado en absolutamente todas sus estructuras ha perdido su legitimidad; los ciudadanos no confían en el poder legislativo porque los congresistas no representan realmente los intereses del pueblo, y mucho menos creen en la forma en que se formulan las distintas políticas públicas; tampoco lo hacen en el ejecutivo porque no cumple con sus planes de desarrollo y no administran bien a Colombia; mucho menos en la rama judicial, la cual no brinda seguridad jurídica por los constantes cambios de doctrina y el no seguimiento de los precedentes judiciales promulgados por las altas cortes.

Acompañado a lo anterior, hay que hacer mención de los continuos escándalos de corrupción, que tampoco ayudan a la imagen de la clase política de Colombia; por lo tanto, los ciudadanos tienen todas las razones para no confiar en el Estado; no pagan los impuestos porque saben que no van a ser bien utilizados; siguen cometiendo delitos porque saben lo frágil que es el sistema penal; no siguen el debido proceso porque conocen todas las maneras posibles para dilatar un proceso; y esto es un asunto que no se va a solucionar con la expedición de nuevas leyes, porque como dice un famoso dicho: “hecha la ley, hecha la trampa”; pero no es culpa de ese precepto normativo, es porque al ser humano no lo pueden obligar a cumplir una norma cuando este no tiene ese deseo, toda vez que cuando al ser humano lo retan, tiene tanta imaginación que algún día va a encontrar la forma de eludir las sanciones estipuladas.

Según el Instituto para la Economía y la Paz, en la publicación de su Índice Global de Paz del 2016, los países más pacíficos son Islandia en primer lugar y Dinamarca en el segundo puesto; analizando sus estructuras, es posible ver que en esos países si se encuentra vigente el Contrato Social firmado entre el Estado y los ciudadanos; razón por la cual, ellos cumplen las normas simplemente porque confían en que las instituciones están cumpliendo perfectamente sus funciones, y es algo que da envidia porque ojalá Colombia lograra llegar algún día a ser así. Hablar de paz no es simplemente negociar el fin de unas hostilidades, es educar a la población, es confiar en el prójimo, no estar a la defensiva y permanecer pensando en cómo evadir la justicia, es cambiar la mentalidad, es adquirir cultura, y dejar a un lado la avaricia constante.

Es necesario, un nuevo contrato social, pero esto no está sujeto simplemente a la elección de un nuevo Presidente, el cambio se debe generar desde el interior de cada colombiano que ama a este país, para que a partir de ahí se pueda construir una mejor Colombia, porque los grandes escándalos de corrupción son simplemente el reflejo de las pequeñas infracciones que el ciudadano de a pie también realiza, por ejemplo: volarse un semáforo en rojo, contactar a un amigo para que reconecte la luz, sobornar a un policía, etc. Las instituciones deben buscar la forma en que la ley se cumpla, pero a la vez, los ciudadanos deben obligarse a cumplirlas y que ambos generen una confianza mutua, solo así se podrá construir una paz estable y duradera como la tienen Islandia o Dinamarca.

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Freddy Socarras

Abogado en formación de la Fundación Universitaria del Área Andina – Valledupar, revolucionario desde la razón y la academia.

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